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Los
medios de comunicación como dictadores y enemigos de la gente
Les he comentado en
abundantes ocasiones como los medios de comunicación no muestran lo que
realmente ocurre en el mundo, que su fin es otro: el de imponer los intereses
de sus poderosos dueños al resto de la sociedad. Para este propósito recurren
desde el engaño a la coacción; desde el desprecio a la separación de poderes,
queriendo ejercer de fiscales, jueces y ejecutores, a no soportar la
discrepancia. Actúan como verdaderos dictadores que muestran su ira contra los
gobiernos populares, contra quienes con sólidos argumentos desmontan con
facilidad su entramado de falsificaciones, contra los que con justicia y
criterio piensan y elaboran leyes para evitar la impunidad de sus graves
delitos y de sus monopolios tan descarados.
Voy a traerles debido a esta situación tan
generalizada, como he hecho otras veces, otro artículo relativo al tema tan
soberbio y certero como es costumbre que lo sean los de Luis Britto García,
escrito ya en marzo de 2012, y siendo tan actual hoy como entonces.
1
Alguna vez sostuve que
ciertos medios de comunicación ejercen una dictadura mediática, porque aspiran
a desempeñar por sí solos los tres poderes clásicos del Estado. En efecto,
quieren decidir qué leyes valen y cuáles no; inventan decisiones del gobierno o
niegan las que éste toma; condenan sin defensa ni apelación. Y encima pretenden
ejercer estos poderes absolutos sin consulta democrática ni
responsabilidad.
2
Ejemplo: contra el presidente
Rafael Correa las fuerzas antidemocráticas y reaccionarias intentan un golpe de
Estado el 30 de septiembre de 2010, con saldo de cinco muertos y trescientos
heridos, entre ellos el propio presidente. El diario de Guayaquil El Universal alucina
que no ha habido golpe de Estado, llama al presidente electo “dictador”,
inventa que ha ordenado disparar contra el pueblo; lo condena sin derecho a
defensa y en forma inapelable como responsable de crímenes de lesa humanidad;
declara que las leyes que sancionan los delitos de difamación, injuria,
calumnia y vilipendio no existen, que en todo caso no le son aplicables a los
comunicadores sociales, y se niega a rectificar. Pero, ¿Qué son en realidad
estos medios? Oigamos al presidente Rafael Correa en su conferencia “Sociedades
vulnerables”, pronunciada en la Universidad de Columbia el 23 de septiembre de
2011: “En Ecuador, los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales
a nivel nacional son propiedad de media docena de familias. El mayor diario
nacional, El Universo, pertenece a empresas fantasmas en Islas Caimán, un
paraíso fiscal, donde no se va precisamente para pagar impuestos o
transparentar finanzas. Cuando llegamos al gobierno en el 2007, cinco de los
siete canales de televisión nacionales eran propiedad de banqueros. Ustedes
pueden imaginar lo que sucedía cuando se quería tomar alguna medida de
regulación bancaria. En general, la práctica común fue siempre crear un grupo
económico y usar los medios, no para informar, sino para defender los intereses
de ese grupo económico”. Los dictadores, como los medios, pretenden monopolizar
la totalidad de los poderes; los medios, como los dictadores, aspiran a
ejercerlos sin asumir las consecuencias.
3
Para mejor comprender la
situación, bajémonos de la nube que nos sitúa entre poderes del Estado y
mandatarios. No se debe injuriar, vilipendiar, difamar ni calumniar a un
Presidente por lo mismo que no se debe hacerlo con el más ínfimo ciudadano. Si
yo afirmo falsamente y sin pruebas que el más pobre recogelatas es paidófilo,
narcotraficante, ladrón y asesino, lo daño atrozmente porque le arrebato su
honra y reputación, que es lo único que tiene en este mundo. Si además lo hago
utilizando un medio de comunicación, multiplico la ofensa tantas veces como
lectores o auditores tiene éste.
4
¿Fantaseo? ¿Invento cosas por
molestar a los comunicadores, de los cuales pretendo ser uno? Pues no. El
artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada por
la ONU, declara que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques”. ¿Demasiado universal para el gusto de los
monopolios regionales? Pues el artículo 11 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos dispone: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques”. Todas las legislaciones de América Latina y el Caribe comprenden
normas que protegen la honra, la dignidad, la reputación y la vida privada de
los ciudadanos. No aburriré a la audiencia citándole las que puede encontrar en
el Código Penal de Ecuador o de Venezuela. Cualquier ciudadano que las viole es
sancionado. Sólo algunos comunicadores pretenden ser inmunes a ellas.
5
Nadie concibe un ingeniero que
pretenda no ser responsable si se le caen las casas, un chofer que anhele
atropellar peatones impunemente, un médico que aspire a no ser sancionado si
envenena al paciente. Pero muchos comunicadores sostienen que nadie puede
reclamarles los daños que causen con el ejercicio de su profesión, e incluso,
que ninguna norma debe regular su profesión. En febrero de 2003 la oposición
venezolana recoge firmas para una reforma constitucional, y los dirigentes de
los medios hacen incluir en el petitorio la derogación del artículo 58 de la
Constitución Bolivariana, el cual consagra el derecho “a la información oportuna,
veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de esta
Constitución, así como a la réplica o rectificación cuando se vea afectada
directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. El documento requería
firmas para derogar asimismo el artículo 60, según el cual “toda persona tiene
derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen,
confidencialidad y reputación”. Los medios quedarían así despojados de todo
deber frente a la sociedad; los ciudadanos, de todo derecho ante ellos.
6
Con su delirante ataque, El Universal quizá
quería provocar alguna medida gubernamental del Presidente para luego acusarlo
de abuso de poder. Como simple ciudadano, acudió Correa ante un tribunal para
pedir la rectificación de esa “mentira disfrazada de opinión”; logró la condena
del periódico por 40 millones de dólares, y la de varios de sus directivos a
tres años de prisión, y una confirmatoria en la cual el juzgado quinto de lo
civil el 6 de febrero de 2012 sentencia que el fallo busca reparar "la
afrenta irrogada, por el hecho de habérsele perjudicado, en su honra, dignidad,
buen nombre, prestigio profesional dentro del país y fuera de él". Según
testimonia Correa en su conferencia “Sociedades vulnerables”: “Pues bien, al
día siguiente de dicha ratificación, muchos medios ‘condenaban’ –con estas
palabras- la sentencia. ¿Medios de comunicación condenando las sentencias de
las cortes? ¿Acaso son, como la Corte Suprema de Estados Unidos, the highest
court in the land?” Mucho peor: ejercían la dictadura mediática, actuando a la
vez como legisladores, ejecutores y jueces. La inefable Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de Washington, que nada hizo ante el golpe de Estado contra
Correa, así como nada hizo cuando fue secuestrado el presidente legítimo
Chávez, instó al mandatario a suspender temporalmente la aplicación de la
condena. Un gremio de propietarios de medios sentenció a Correa en forma
inapelable y sin derecho a defensa como “el Enemigo Número Uno de los Medios”.
En ningún momento los comunicadores de El Universal rectificaron
ni se excusaron. El Presidente Correa, en cambio, los perdonó. En Venezuela
esta lenidad ha logrado pocos efectos, desde los tiempos de la primera
República, cuando se lamentaba Simón Bolívar de que “a cada conspiración seguía
un perdón, y a cada perdón una nueva conspiración”. Perdonó Chávez a los
culpables mediáticos y políticos del golpe de abril de 2002: ya en diciembre
intentaron precipitar otro golpe mediante una mezcla de sabotaje petrolero, lock-out
patronal y campaña mediática de más de dos meses instando a la deposición del
mandatario democrático. Los presidentes perdonan, pero los medios no.
7
Una inextinguible quejumbre elevan
en Venezuela los funcionarios del gobierno bolivariano contra las agresiones
que en su contra perpetran los medios. Otra sería la conducta de éstos si los
agraviados acudieran a los tribunales y exigieran la aplicación de la Ley. Fue
lo que hizo en 2003 Alí Rodríguez Araque, para entonces presidente de PDVSA,
cuando la periodista Ibeyise Pacheco acusó de trabajar en dicho ente y de
practicar la corrupción a un hijo del funcionario que en realidad había
fallecido quince años antes, a la temprana edad de trece. La demanda exigía una
reparación simbólica y concluyó con un triunfo moral. Es honroso ser declarado
Enemigo Número Uno de unos Medios que a su vez son el Enemigo Número Uno del
Público.
8
Ahora la extrema derecha de las
transnacionales y los medios se junta con algunos movimientos étnicos y marcha
hacia Quito. Ya la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE)
había exigido a Correa que le entregara la decisión sobre las concesiones de
recursos naturales de Ecuador. Correa lo rechazó, fueron a elecciones, sacaron
un solo diputado al Poder Legislativo y luego apoyaron el golpe, acusando al
gobierno de Correa de “dictadura democrática”. Lo que está en juego son los
recursos naturales de América Latina. Por ejemplo, indígenas de la etnia
Munducurú cedieron sus derechos sobre 23.000 kilómetros cuadrados de la
Amazonia brasileña en el estado de Pará a la transnacional irlandesa Celestial Green
Ventures por 120 millones de dólares. Según el
diario O Estado de Sao Paulo, el contrato
impide por 30 años a los indígenas los cultivos agrícolas y la extracción legal
de madera, asegura a la transnacional el libre acceso a la zona, que está
prohibido a las autoridades legítimas brasileñas, y no habría contado con el
aval de toda la comunidad. Celestial Green Ventures gerencia
16 proyectos iguales en la Amazonia Brasileña, que afectan 200.000 kilómetros
cuadrados, el doble de toda la superficie de Portugal. La Fundación Nacional
del Indígena (FUNAI) ha registrado una treintena de contratos de índole similar
entre dirigentes indígenas y multinacionales de Europa (Tablet terra com.co,
11-3-2011. Pero los recursos naturales de América Latina no serán de las
transnacionales. La mayoría se decidirá una vez más por el Buen Vivir.